Ramón Cruz Benzán - 2/24/2010Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió ayer por ante un tribunal criminal a 18 de los implicados en la matanza ocurrida el cuatro de agosto de 2008 en Paya, Baní, incluyendo oficiales de la Marina de Guerra, y favoreció con un auto de no ha lugar a otros nueve imputados.
El magistrado Román Hiciano Berroa envió a juicio de fondo al ex coronel de la Marina de Guerra, Ricardo Guzmán Pérez; al ex teniente de navío, Edward Mayobanex Rodríguez Montero; al capitán de corbeta, Miguel Peña Figuereo; al capitán de fragata, Benny Jairo Rodríguez Pérez, y al ex primer teniente Andrés Tapia Balbuena.
El juez también envió a juicio de fondo al ingeniero Luis de Jesús Lara Martínez (Churro), el “dealer” de vehículos José Luis Montás Vargas (El Duro Motors), el abogado José Vinicio Sisme Cisnero, Noe Martín Sterling Villalón (La Chalupa o El Loco), Antonio Manuel Roche Pineda, Jorge Luis Chalas, Joaquín Pérez Féliz, Domingo Onésimo Marmolejos Santana y la esposa del coronel Scarlet Aristy Rosa y Marcos Fajardo Almonte.
El tribunal dispuso el mantenimiento en prisión del grupo, acogiendo un pedimento formulado en ese sentido por el ministerio público, por no haber variado los presupuestos que motivaron la imposición de la medida de coerción. Asimismo, emplazó a las partes para que dentro de un plazo común de cinco días hábiles comparezcan por ante el tribunal de juicio a hacer valer sus derechos.
En su sentencia de 186 páginas, el juez dictó auto de no ha lugar a favor del único sobreviviente de la matanza, el nicaguense Orín Clinton Gómez Halford, el alférez de navío Jesús Sánchez Piña, Augusto Alberto Daneris Andújar, Pedro González Estévez (Chicho), Kirvio Santana Féliz (El Chivo), Alexánder de Jesús Restrepo Carmona (El Flaco), Girson Antonio González Martínez, Félix Mora Terrero (Félix) y Víctor Manuel Montás Pérez.
De inmediato, el procurador adjunto Francisco Polanco dijo que el ministerio público estudiará la decisión del juez de instrucción, ya que el Código Procesal Penal otorga un plazo de diez días para decidir si recuren o no en apelación el fallo.
Mientras, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que es un logro del ministerio público la decisión del juez de enviar a juicio de fondo a la mayoría de los implicados en la matanza de siete colombianos.
El tribunal ordenó además el cese de la medida de coerción que pesaba en contra del grupo favorecido con el auto de no ha lugar, disponiendo su inmediata puesta en libertad, a menos que se encuentren guardando prisión por otros hechos.
El juez motivó el fallo a favor del grupo excluido del expediente porque resultan insuficientes los elementos de pruebas aportados por el ministerio público para fundamentar la acusación que puedan justificar su envío a juicio de fondo.
Fallo causó emoción
La decisión causó emoción en algunos de los implicados que fueron favorecidos con el auto de no ha lugar, quienes al escuchar las palabras del magistrado Berroa Hiciano, comenzaron a felicitarse, lloraron, rieron y se abrazaron.
Augusto Daneris, después de 18 meses recluido en la cárcel de Najayo, dijo que volverá a compartir con sus hijos a quienes extrañaba, tras señalar que en todo momento defendió su inocencia.
“Yo confié en la Justicia dominicana, sabía que iba a estar libre, porque nunca estuve implicado en esa matanza, todo lo que dijo el ministerio público contra mí fue demostrado, soy inocente”, expresó Daneris, entre llantos.
El juez acogió también un pedimento planteado por la defensa de Orín Gómez, a través de su abogada Alina Mercedes Mendoza, para que sea admitido como víctima y querellante para constituirse en parte civil en contra del grupo enviado a juicio.
ORDENAN DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Asimismo, el juez Hiciano Berroa ordenó la devolución de más de 12 vehículos que habían sido incautados por el ministerio público durante las investigaciones judiciales preliminares, tal como un carro honda modelo Accord Ex, color dorado, propiedad de Denis Milagros Rodríguez Montero; un jeep Lan Rover, y un carro Porsche a la señora Victoria Castro, así como una casa ubicada en la calle proyecto númro 18 manzana seis en el sector Prado Oriental, del municipio Santo Domingo Este, a la señora Clariza Valdez Mercado.
También ordenó al ministerio público devolverle a la entidad comercial Cabrera Motors una jeepeta marca Mazda, Modelo CX9, un jeep marca Hyndai Veracruz, un automóvil marca Mitsubishi y un jeep marca Toyota.
Igualmente, al Banco Dominicano del Progreso- Banco Múltiple el vehículo tipo jeep marca Mercedes Benz, a nombre del imputado Luis Lara Martínez, así como otros seis vehículos a nombre de Elvin Badia Núñez, Francisca Olga Pineda, Tomás Luciano Lora Minaya, Antonio Alexander Atías de León, el imputado Víctor Montás Pérez y Miguelina Figueroa.
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